El desafío digital de las instituciones es una realidad incómoda y aparentemente distante, puesto que la burocracia pareciera ocultarse debajo de cada piedra en el país. Sin embargo, no todo es tan gris como parece, y es que el sector público ya ha venido tomando la delantera a esta problemática al menos durante los últimos años.
Los ministerios más avanzados en términos de digitalización, en opinión de los expertos, son los de Cultura, Medio Ambiente, Minería y Hacienda. Según el Índice Gobierno Digital de Fundación País Digital, un 44% de los 3.646 trámites del Estado ya se encuentran disponibles en formato digital. Así y todo, aún hay mucho trabajo por hacer para completar la digitalización instituciones. Fernando Benavides, gerente general de la empresa Ennovate, la cual se dedica al apoyo estratégico en áreas de innovación y tecnología, afirma que “la población es el usuario principal y no tiene lógica una agenda que disponga servicios de este tipo si el mercado objetivo no está habilitado con herramientas técnicas para su uso”.
Benavides se refiere además a la importancia de digitalizar los municipios, esto justamente en aprecio de la digitalización instituciones como herramienta accesible a la población. Al respecto, desde fines de 2014 se ha estado llevando a cabo el proyecto de Municipios Digitales, impulsado por la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital de la SEGPRES, que busca fomentar la digitalización de todos los trámites municipales a lo largo del país. Más de 40 municipalidades asistieron al encuentro organizado en noviembre de 2014.
Jaime Soto, secretario general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), se refiere a los beneficios de la digitalización como agentes de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. “Van desde la reducción de procesos burocráticos a tener la posibilidad de contar con documentos e información de forma inmediata en todo momento y lugar, acelerando la actividad y disminuyendo gastos”, explica.
En términos de desarrollo digital en el sector público chileno, los expertos están de acuerdo en que los mayores avances convergen en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la plataforma en línea de Poder Judicial, y en la Tesorería General de la República.
Al respecto, la Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, en el IV Summit País Digital 2016 “productividad digital”, expuso que “la transformación digital es una verdadera revolución en nuestras realidades políticas y sociales. En nuestro país, hoy día los ciudadanos quieren tener información, fiscalizar los asuntos públicos y hacer valer su opinión”. Enfatizó además en la importancia de anticiparse a las contingencias de la digitalización: “Este objetivo solo lo lograremos incorporando el uso de la tecnología en el ADN de las políticas públicas”.
En busca de una solución a este desafío, desde 2012 el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ya se había adelantado a un proyecto de ley que tiene como objetivo autorizar la publicación en medios electrónicos de actos que a la fecha se debían publicar en periódicos de circulación nacional. En 2015 fue el Ministerio de Justicia el que dio el gran salto, con la aprobación de un proyecto de ley que modifica el procedimiento civil, bajo el nombre de “De la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales”.
Como se ha discutido arriba, todos estos procesos de digitalización instituciones han tenido por objeto mejorar la calidad de vida de las personas, darles acceso a los procedimientos, optimizar sus tiempos y ahorrar en costos. No menos importante es la iniciativa que desde 2002 se tomó al considerar una normativa que rigiera el uso de las firmas electrónicas en Chile, la cual fija su importancia en disminuir el tiempo de trámites administrativos, reducir el uso del papel, disponibilidad de información, e interoperabilidad legal.
