En enero de 2021, una comisión mixta del Congreso aprobó modificar el Código Procesal Penal, en la Ley de Delitos Informáticos, para permitir al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios sin orden judicial previa.
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La reacción no se hizo esperar: empresas e instituciones académicas criticaron la ambigüedad del proyecto al “presentar como único requisito la existencia de «una investigación en curso»sin especificar en detalle o en lo particular, dejando un amplio margen para solicitudes genéricas y sin definir”.
Algunos de los organismos que rechazaron esta propuesta fueron: la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología (ACTI), la Organización Datos Protegidos, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), SOCHISI, la ONG Derechos Digitales, Internet Society Chile Chapter y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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