Recientemente el gobierno implementó a través de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital la “Firma Electrónica Avanzada”, que servirá para certificar cierto tipo de documentos públicos y privados con sistemas de encriptación. De esta manera, se facilitará la identificación de usuarios y la manipulación de información de una manera mucho más segura, por ejemplo, a través de la cédula de identidad, que puede servir como documento digital para obtener y gestionar servicios de salud o alimentación.
Democracia y gestión ¿qué hace falta?
Los avances tecnológicos de las últimas décadas, especialmente en área de las Tecnologías de la Información, han ido abriendo el debate en torno a las posibilidades de gestionar asuntos públicos y administrativos de forma digital, que ofrecen alternativas baratas, rápidas, transparentes y seguras. “Democracia Digital”, “Democracia 4.0”, “Smart-government”, “Open-government” o incluso “Wikidemocracia”, son conceptos que con distintos matices apuntan a este objetivo.
Entre las principales iniciativas de gobierno digital se encuentran las de Australia, EEUU, Islandia, y también varios municipios de España como en el País Vasco, Cataluña o Navarra. En País Vasco por ejemplo se está desarrollando el proyecto Irekia, probablemente una de las iniciativas más reconocidas y ambiciosas a nivel mundial.
Y es que hoy es perfectamente posible gestionar por Internet un conjunto de trámites que antes debían realizarse de manera presencial, lo que significa en la práctica un enorme ahorro de recursos en tiempo, transporte y papeleos. De la misma forma, es posible gestionar otros ámbitos ligados con el gobierno digital Chile como el ejercicio del sufragio o los censos de población de manera parcial o totalmente digital, en el corto plazo, con sistemas regidos por certificados de transparencia y software abierto, como ya lo hacen en algunos países como EEUU o Venezuela.
Por otro lado, es necesario pensar desde ya en la interconectividad que este tipo de tecnologías suponen, así como en las dinámicas de centralización y descentralización de la gestión gubernamental. En un futuro cercano también será posible aplicar este principio a nivel local en las comunas y ciudades, en torno a la gestión de los recursos y de los servicios, como el transporte, la basura, la salud, etc.
Uno de los principales beneficios de un gobierno digital, es la colaboración entre sus agencias gracias a sistemas integrados de Big Data, esto no sólo establece un claro avance en el análisis de datos que se puede realizar en el interior de los organismos, además promueve un uso eficiente de los presupuestos fiscales y permite aumentar la transparencia. Para el ciudadano, que sus datos estén disponibles integralmente entre los ministerios y secretarías a cargo de otorgar beneficios, como por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y el Servicio de Impuestos Internos, podría agilizar el otorgamiento de subsidios, disminuyendo el tiempo invertido en postulaciones y corroboración de datos.
El hecho de que aún no tengamos un gobierno digital Chile y de que no existan iniciativas fuertes en torno a la utilización de TI para todos los ámbitos de gestión gubernamental, significa un gasto permanente e innecesario de tiempo y recursos, tanto así como una representatividad democrática no del todo participativa. Por lo que, avanzar en ese sentido contando con una guía de ruta al corto, mediano y largo plazo resulta un imperativo para prosperar en los años que se vienen.
